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Para trabajar con menores habrá que acreditar que no se tienen antecedentes por abusos
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Los mayores de 12 años deberán ser escuchados en los juicios por divorcio
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Se retiran las competencias en adopciones internacionales a las autonomías
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La Administración podrá dar niños en acogimiento familiar sin necesidad de un juez
Los mayores de 45 años no podrán adoptar recién nacidos; las entidades públicas y privadas tendrán la obligación de conservar durante medio siglo los datos de la familia biológica de los niños adoptados, quienes podrán acceder a ellos libremente; cualquier persona que vaya a trabajar o realizar actividades con menores tendrá que acreditar que no tiene antecedentes de abusos sexuales; y los críos irán en acogimiento familiar sin necesidad de pasar por el juez.
Éstos son algunos de los aspectos recogidos en el anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia, a cuyo último borrador (que data del 12 de diciembre) ha tenido acceso este periódico. Después de pasar por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Económico y Social o el Defensor del Pueblo, entre otros organismos, el documento ha sufrido leves modificaciones. En las próximas semanas, el texto irá al Consejo de Ministros para, una vez convertido en proyecto de ley, iniciar su tramitación parlamentaria.
El paraguas legal que afecta a los menores comenzó a elaborarse en junio de 2012 sobre la base de una reforma socialista ad hoc que jamás llegó a arrancar.
El proyecto del Gobierno popular retoca finalmente una decena de normas -desde el Código Civil hasta la Ley de Adopción Internacional– y, en palabras de expertos de la ONU, «convierte a España en el primer país en integrar en su ordenamiento la defensa del interés superior del menor» .
